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Friday, July 11, 2014

La CPI confirma la detención del expresidente Gbagbo

CORTE O TRIBUNAL INTERNACIONAL

La CPI confirma la detención del expresidente Gbagbo

lainformacion.com

viernes, 11/07/14 - 18:48

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La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó hoy, por sexta vez, la detención del expresidente deCosta de Marfil Laurent Gbagbo, acusado de crímenes contra la humanidad.

Bruselas, 11 jul.- La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó hoy, por sexta vez, la detención del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, acusado de crímenes contra la humanidad.

El examen de la situación del detenido tuvo lugar en el contexto de la revisión periódica prevista en la legislación, según la Corte, que añadió que ha encargado a la secretaría del Tribunal y a la defensa de Gbagbo que presenten antes del 25 de julio un informe sobre las medidas adoptadas en relación con su salud.

La CPI confirmó el pasado junio las acusaciones de asesinato, violación, actos inhumanos o degradantes, intento de asesinato y persecución en el caso que sigue abierto contra Gbagbo.

El proceso contra el expresidente marfileño comenzó en 2011, pero tras una audiencia de confirmación de las acusaciones en 2013 la Sala Preliminar primera decidió por mayoría posponer la audiencia y pidió a laFiscalía pruebas suplementarias.

Con esas pruebas recibidas y examinadas, la Sala concluyó por mayoría que hay motivos sustanciales para creer que Gbagbo "es penalmente responsable" de las citadas acusaciones, que consideran perpetradas enAbiyán, la capital marfileña.

Esos delitos habrían sido cometidos durante la represión de las manifestaciones en Costa de Marfil entre diciembre de 2010 y abril de 2011, cuando Gbagbo quiso mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones presidenciales frente a Alessane Ouattara.

Ghabo se encuentra detenido en La Haya y hasta que tenga lugar el juicio la Corte debe revisar periódicamente si existen razones para prorrogar su encarcelamiento.

(Agencia EFE)







































































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Thursday, May 08, 2014

CPI exige que se identifique y juzgue a responsables de secuestros de niñas en Nigeria

CPI exige que se identifique y juzgue a responsables de secuestros de niñas

La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha urgido hoy a que los responsables de los secuestros de niñas en Nigeria sean localizados y llevados ante los tribunales. 
AGENCIA EFE | MAYO 8 DE 2014 

Bruselas, 8 may (EFE).- La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha urgido hoy a que los responsables de los secuestros de niñas en Nigeria sean localizados y llevados ante los tribunales.

"No debe quedar una sola piedra sin mover hasta llevar a los responsables de estos actos atroces ante la Justicia, ya sea en Nigeria o ante la CPI", dijo en un comunicado.

La fiscal se declaró "profundamente preocupada y alarmada" por las informaciones sobre los casos de niñas secuestradas y subrayó que "no es tolerable" y que "hay que poner fin al preocupante fenómeno" de convertir a las mujeres en objetivo durante los conflictos.

"Este tipo de actos sacuden la conciencia de la humanidad y podrían constituir delitos que queden dentro de la jurisdicción de la CPI", advirtió.

Indicó que comparte con los padres de las jóvenes el "terrible dolor y la esperanza de que los esfuerzos de búsqueda y salvamento que se están llevando a cabo resulten en el rápido y seguro regreso de sus hijas".

Asimismo, señaló que se debería facilitar asistencia internacional para impulsar el trabajo de búsqueda, tal como están pidiendo las autoridades nacionales.

"Las niñas secuestradas deben ser liberadas con carácter inmediato y se debe permitir que regresen sanas y salvas a sus comunidades y familias", concluyó. EFE

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Tuesday, May 06, 2014

El otro reto de la novia de George Clooney

El otro reto de la novia de George Clooney

Amal Alamuddin defiende al exjefe de espionaje libio, acusado de crímenes contra la humanidad

Días antes, la abogada libanesa se comprometió con el soltero más cotizado de Hollywood

Es difícil pensar en una tarea más complicada que arrancar a George Clooney, el soltero empedernido de Hollywood, de lo más alto en la lista de codiciados casaderos. Eso es, sin embargo, lo que se trae entre manos Amal Alamuddin, cuyo compromiso con el actor ha desatado una fiebrecelebrity sin precedentes en Líbano, su país de origen. Pero no es el único reto que le toca afrontar estos días a la abogada británica nacida en Beirut, que acaba de asumir la defensa de Abdulá al Senusi, exjefe del espionaje libio durante la dictadura de Muammar Gadafi, acusado de crímenes contra la humanidad junto a Saif al Islam, hijo del caudillo.

La titánica labor pasa por devolver a La Haya el caso contra Senussi después de que la Corte Penal Internacional accediese en octubre a que el juicio fuese celebrado en Libia, donde se han registrado irregularidades en el proceso denunciadas por Amnistía Internacional. No es el primer caso polémico que afronta la abogada de 36 años especializada en derechos humanos. Antes de que su nombre saltase a los titulares del papel cuché, alcanzó cierta notoriedad como representante legal del fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuya extradición ha solicitado Suecia, donde ha sido denunciado por violación. También ha sido criticada por su trabajo como asesora del rey de Bahréin ante la comisión que investiga presuntas torturas durante la represión de las protestas en 2011.

"En este punto (…) no se trata de si Gaddafi (hijo) o Senussi son culpables de cometer crímenes contra la humanidad, sino de dónde debería celebrarse el juicio: ¿en Libia, donde protagonizarán un espectáculo y luego serán ejecutados, o ante un tribunal internacional?", ha comentado Alamuddin en declaraciones al diario británico The Daily Telegraph. "Nadie discute que deban ser juzgados, lo que se plantea es que haya justicia".

Mientras la flamante futura esposa de Clooney espera a vérselas de nuevo en los tribunales con la toga puesta, Líbano, un país donde elfamoseo puede convertirse en asunto de Estado, ya ha empezado a vestirse de boda, con carteles de la pareja adornando comercios en Baaklin, el pequeño pueblo de origen de la familia Alamuddin, que se exilió a Reino Unido huyendo de la violencia de la guerra civil que asoló el país durante 15 años (1975-1990).

El hecho de que haya sido una libanesa quien ha robado finalmente el corazón del actor de 52 años, que ha insistido varias veces en que no volvería a casarse tras su primer matrimonio en 1989, ha elevado el ego de un país condenado a las malas noticias por las nubes. "Es la prueba de que somos los mejores", se leía en Twitter. Tampoco ha resistido la tentación de comentar la noticia del año el líder político druso (confesión que profesa Alamuddin) Walid Jumblatt. "Puede que Clooney haga una nueva película de El Último Mohicano: el Druso", ha bromeado a France Presse en referencia a la resistencia de esta comunidad minoritaria en Líbano.

Pero no es oro todo lo que reluce. "Es un poco superficial", se queja Nadine Moussa, primera mujer candidata a la Presidencia de Líbano, "no debería ser ensalzada por con quién se vaya a casar, sino por el éxito que ha conseguido a lo largo de su vida como profesional".

Coincide la madre de Amal, la periodista libanesa Baria Alamuddin, que hace gala de una hercúlea discreción respecto al compromiso. "Estamos inmensamente orgullosos de los logros de nuestra hija y de su carrera como brillante abogada sirviendo a la justicia y los derechos humanos por todo el mundo", ha confesado a EL PAÍS. "Nos ha dado a todos inmenso amor y alegría".

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Friday, April 25, 2014

La Corte Penal Internacional abre un examen preliminar sobre la situación en Ucrania

La Corte Penal Internacional abre un examen preliminar sobre la situación en Ucrania

Prorrusos en Ucrania
Dos manifestantes prorrusos vigilan un punto de control cerca de Krasnyi Liman, Donetsk, Ucrania. (Evgeniy Maloletka / EFE)
  • Activistas de derechos humanos tanto ucranianos y occidentales como prorrusos y rusos han denunciado ataques a las libertades básicas en Ucrania.
  • El Gobierno de Ucrania aceptó la competencia de la CPI para juzgar los supuestos crímenes en su territorio entre el 21 noviembre 2013 y el 22 febrero 2014.
  • EFE. 25.04.2014 - 14:44h

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este viernes la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Ucrania para determinar si se cumplen los criterios para investigar los supuestos crímenes cometidos durante la crisis política del país.

La decisión se produce después de que el pasado 17 de abril el Gobierno de Ucrania aceptase la competencia de la CPI para juzgar los supuestos crímenes cometidos en su territorio entre el 21 noviembre 2013 y el 22 febrero 2014.

El alto tribunal de la ONU recuerda en un comunicado que tras la recepción de este tipo de declaración por parte de un Estado, la Oficina del Fiscal siempre abre un examen preliminarsobre la situación en cuestión.

El tratado fundador de la CPI fue firmado por 122 países En el presente caso, la apertura del examen se produce a instancias del fiscal de la CPI Fatou Bensouda. El objetivo es establecer si se cumplen los criterios del Estatuto de Roma para la apertura de una investigación.

En concreto, según el artículo 53 (1) del Estatuto de Roma, el Fiscal tendrá en cuenta cuestiones de competencia, la admisibilidad y los intereses de la justicia.

Las protestas contra el Gobierno del presidente Víktor Yanukóvich, ahora depuesto y refugiado en Rusia, y los enfrentamientos entre prorrusos y proeuropeos comenzaron a finales de noviembre pasado, y desde entonces se produjeron actos de violencia y de violación de los derechos humanos por parte de ambos bandos.

Activistas de derechos humanos tanto ucranianos y occidentales como prorrusos y rusos han denunciado ataques a las libertades básicas, como las de asociación, expresión o de los medios de comunicación.

La CPI, cuyo tratado fundador ha sido firmado por 122 países, es una jurisdicción permanente e independiente que juzga a las personas acusadas de graves delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra o de agresión.

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Monday, April 14, 2014

#corpenal: Justicia universal en la cuerda floja

Justicia universal en la cuerda floja

El reciente zarpazo a la justicia universal en España obliga a revisar la aplicación de este principio reconocido en el derecho internacional. ¿Qué futuro le espera a la persecución de criminales de guerra o genocidas?

Alejandro Chehtman

13/04/2014 - 20:45h

El Congreso aprobará la próxima semana de urgencia la reforma de la justicia universal

España y sus tribunales han liderado, durante las últimas dos décadas, la lucha por que los responsables de atrocidades a escala internacional rindan cuentas por sus crímenes a través del principio de justicia universal. La petición de extradición del exdictador Augusto Pinochet que el juez Garzón hizo a Reino Unido supuso un duro golpe a la sensación de impunidad de varios dictadores. La actuación de los magistrados españoles en casos vinculados con Argentina, Chile o Guatemala ha proporcionado una pequeña pero importante fracción de justicia a las víctimas pero, por encima de todo, ha contribuido a impulsar los procesos judiciales por gravísimos crímenes en esos países.

La modificación legal relativa a la justicia universal (Ley Orgánica 1/2014), aprobada por trámite de urgencia parlamentaria el 27 de febrero, pretende, en buena medida, poner fin a esta realidad. Siguiendo la senda iniciada por la reforma de 2009, la nueva legislación, en vigor desde el pasado 15 de marzo, restringe de manera notable el ejercicio por parte de los magistrados españoles de la jurisdicción universal sobre los crímenes más horrendos. Diversos actores y organizaciones de defensa de los derechos humanos se han opuesto a esta ley, tanto por el procedimiento abreviado elegido para su tramitación –que impidió toda discusión sobre el texto, minando notablemente sus credenciales democráticas− como por su contenido.

La reforma impone a los tribunales españoles unas restricciones que hacen del ejercicio de la justicia universal una misión casi imposible. Estipula, por ejemplo, que, en los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o aquellos cometidos contra las personas y bienes protegidos en un conflicto armado, los tribunales españoles sólo podrán actuar cuando el procedimiento se dirija "contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas". La limitación del ejercicio de la justicia internacional es aún más rigurosa en el caso del delito de torturas. Asimismo, la nueva norma exige el sobreseimiento de los procesos en trámite, como las investigaciones sobre el genocidio tibetano o los casos de supuestas torturas en la base de Guantánamo, entre otros, hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos adicionales en ella exigidos.

Por el contrario, el principio de justicia universal, reconocido en el derecho internacional público, implica la facultad de un tribunal nacional de enjuiciar penalmente a un individuo (o en último término, a una corporación) por los crímenes cometidos fuera de su territorio −con independencia de las nacionalidades del agresor y de la víctima− para ciertos delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra o los de lesa humanidad. Numerosos tratados internacionales, como los cuatro Convenios y Protocolos de Ginebra sobre el derecho de los conflictos armados, la Convención contra la Tortura, así como la costumbre internacional, avalan la justicia universal, aplicable, al menos, en los Estados firmantes. Contra lo que suele apuntarse, el régimen de justicia universal es compatible −y en última instancia complementario− de la jurisdicción internacional de tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI), que, por definición, sólo pueden entender en una ínfima cantidad de casos de esta naturaleza, ya sea por las limitaciones a su jurisdicción o por sus posibilidades reales de investigar y juzgar casos de esta magnitud. Una de las limitaciones de este tribunal es que carece de competencia sobre los hechos ocurridos antes de julio de 2002, así como sobre los crímenes cometidos por nacionales de Estados no firmantes o perpetrados en territorio de Estados que no hayan aceptado la competencia de la CPI sobre la situación concreta que pretende juzgarse, salvo que el asunto haya sido remitido a la Corte por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La agonía de la justicia universal en España sigue el mismo destino de la belga hace unos pocos años. Como ya relatara Luc Reydams, Bélgica redujo la jurisdicción universal de sus tribunales a un estado casi terminal debido a la presión que ejercía, sobre todo, EE UU mediante investigaciones de altos funcionarios belgas. En el caso español, lo que parece haber dado el tiro de gracia ha sido la orden de arresto emitida contra el ex presidente chino Jiang Zemin, en el marco de una investigación por la represión en el Tíbet. A la presión política y, especialmente, económica que el gigante asiático ejerció a raíz de aquello hay que añadir la estadounidense, originada por la querella interpuesta por presuntos actos de tortura cometidos en la prisión de Guantánamo, y el interés de España por sentarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, en 2013, el Tribunal Supremo estadounidense, en su polémica sentencia del caso Kiobel, limitó la competencia de sus tribunales nacionales en casos civiles vinculados con violaciones del derecho internacional cometidas fuera de sus fronteras. Los obstáculos al ejercicio de la justicia universal son más o menos similares en todos los casos mencionados.

Es cierto que aún está por ver cuál será el efecto final de la ley española. Varios jueces de la Audiencia Nacional ya han declarado inaplicables las limitaciones impuestas por la LO 1/2014. El juez Santiago Pedraz así lo ha hecho en relación al caso Couso, la causa abierta contra los soldados estadounidenses implicados en la muerte del periodista español en Irak, en 2003, un crimen de guerra regulado por el Convenio de Ginebra IV. El magistrado esgrime que un tratado internacional que obliga a España a perseguir estas violaciones del derecho internacional "sin limitación alguna" no puede ser modificado por una norma de carácter nacional. Esta interpretación del texto internacional es, en buena medida, novedosa. Pero además, el argumento de Pedraz no sería fácilmente aplicable a otros crímenes internacionales. La Convención contra la Tortura exige que el imputado se encuentre bajo la jurisdicción del Estado que ha de enjuiciarlo; la Convención contra el Genocidio no prevé en su texto el ejercicio de la jurisdicción universal, y por último, ningún convenio internacional obliga a enjuiciar a los autores de crímenes de lesa humanidad fundamentándose en el principio de justicia universal. Mientras terminan de escribirse estas líneas el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encuentra reunido para tratar este asunto.

Resulta interesante detenerse en los aspectos estructurales más que en la argumentación jurídica detallada de esa decisión. Los casos de España y Bélgica ilustran las limitaciones del sistema de justicia internacional en cuanto al enjuiciamiento de actos perpetrados por nacionales de las grandes potencias. Como ha señalado Máximo Langer, sólo han sido juzgadas en aplicación del régimen de justicia universal las personas que la comunidad internacional ha identificado unánimemente como criminales y cuyos Estados no han mostrado interés en defenderlas, como los nazis, los ruandeses o algunos pocos latinoamericanos.

El sistema de justicia penal universal es de vital importancia para millones de individuos en muchas partes del mundo. Sin embargo, también es necesario pensar en términos gradualistas o estratégicos sobre la construcción y consolidación de un sistema de esas características. Los intentos demasiado ambiciosos, sobre todo en la medida en que sean aislados, parecen estar destinados al fracaso y pueden privar a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil de aún más herramientas útiles para lograr el enjuiciamiento de tales crímenes. Es imprescindible evitar que un mismo sistema, como puede ser el español, resulte sobrexplotado debido a su receptividad a este tipo de peticiones. Asimismo, es aconsejable multiplicar los foros en los que se puedan llevar adelante investigaciones de esta naturaleza. En el trabajo conjunto entre tribunales de distintos Estados reside la única oportunidad real de reducir la inmensa brecha de impunidad.
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Monday, April 07, 2014

Congresistas denuncian a Maduro ante Corte Penal Internacional

Congresistas denuncian a Maduro ante Corte Penal Internacional

Parlamentarios de 8 países piden que se investiguen delitos de lesa humanidad degobierno chavista

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Congresistas denuncian a Maduro ante Corte Penal Internacional

Congresista Cecilia Chacón con los diputados Adrián Oliva (Bolivia) y Cornelia Schmidt (Argentina) a la salida de la Corte Penal de La Haya (Foto: @chechechacon)

La Asociación Parlamentaria Democrática de América presentó una denuncia ante la Corte Penal de La Haya con el objetivo que se investiguen de oficio "las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos" ocurridas en Venezuela.

El documento está suscrito por 198 parlamentarios de ocho paises de América Latina: Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Argentina, Brasil y Colombia. Para presentar esta denuncia, viajaron a Holanda la congresista fujimorista Cecilia Chacón (Perú), el diputado boliviano Adrián Oliva y la diputada argentina Cornelia Schmidt.

En el documento presentado se pide que se investigue al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, al presidente del Congreso de ese país, Diosdado Cabello, y otros funcionarios del gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad.

La solicitud presentada se ampara en los dispone el inciso 1 del artículo 15 del Estatuto de Roma.

Este dispone que el fiscal de la corte “podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la corte”-

La denuncia fue acompañada por un informe del Observatorio Iberoamericano de la Democracia sobre la difícil situación que se vive en Venezuela.

En él se menciona que, a propósito de las protestas iniciadas a propósito del Día de la Juventud (12 de febrero del 2014), han muerto ya 30 personas por  heridas de bala o perdigones, 461 han sido heridos y 817 detenidos han sido sujetos a medidas judiciales "arbitrarias e ilegítimas".

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