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Monday, April 14, 2014

#corpenal: Justicia universal en la cuerda floja

Justicia universal en la cuerda floja

El reciente zarpazo a la justicia universal en España obliga a revisar la aplicación de este principio reconocido en el derecho internacional. ¿Qué futuro le espera a la persecución de criminales de guerra o genocidas?

Alejandro Chehtman

13/04/2014 - 20:45h

El Congreso aprobará la próxima semana de urgencia la reforma de la justicia universal

España y sus tribunales han liderado, durante las últimas dos décadas, la lucha por que los responsables de atrocidades a escala internacional rindan cuentas por sus crímenes a través del principio de justicia universal. La petición de extradición del exdictador Augusto Pinochet que el juez Garzón hizo a Reino Unido supuso un duro golpe a la sensación de impunidad de varios dictadores. La actuación de los magistrados españoles en casos vinculados con Argentina, Chile o Guatemala ha proporcionado una pequeña pero importante fracción de justicia a las víctimas pero, por encima de todo, ha contribuido a impulsar los procesos judiciales por gravísimos crímenes en esos países.

La modificación legal relativa a la justicia universal (Ley Orgánica 1/2014), aprobada por trámite de urgencia parlamentaria el 27 de febrero, pretende, en buena medida, poner fin a esta realidad. Siguiendo la senda iniciada por la reforma de 2009, la nueva legislación, en vigor desde el pasado 15 de marzo, restringe de manera notable el ejercicio por parte de los magistrados españoles de la jurisdicción universal sobre los crímenes más horrendos. Diversos actores y organizaciones de defensa de los derechos humanos se han opuesto a esta ley, tanto por el procedimiento abreviado elegido para su tramitación –que impidió toda discusión sobre el texto, minando notablemente sus credenciales democráticas− como por su contenido.

La reforma impone a los tribunales españoles unas restricciones que hacen del ejercicio de la justicia universal una misión casi imposible. Estipula, por ejemplo, que, en los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o aquellos cometidos contra las personas y bienes protegidos en un conflicto armado, los tribunales españoles sólo podrán actuar cuando el procedimiento se dirija "contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas". La limitación del ejercicio de la justicia internacional es aún más rigurosa en el caso del delito de torturas. Asimismo, la nueva norma exige el sobreseimiento de los procesos en trámite, como las investigaciones sobre el genocidio tibetano o los casos de supuestas torturas en la base de Guantánamo, entre otros, hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos adicionales en ella exigidos.

Por el contrario, el principio de justicia universal, reconocido en el derecho internacional público, implica la facultad de un tribunal nacional de enjuiciar penalmente a un individuo (o en último término, a una corporación) por los crímenes cometidos fuera de su territorio −con independencia de las nacionalidades del agresor y de la víctima− para ciertos delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra o los de lesa humanidad. Numerosos tratados internacionales, como los cuatro Convenios y Protocolos de Ginebra sobre el derecho de los conflictos armados, la Convención contra la Tortura, así como la costumbre internacional, avalan la justicia universal, aplicable, al menos, en los Estados firmantes. Contra lo que suele apuntarse, el régimen de justicia universal es compatible −y en última instancia complementario− de la jurisdicción internacional de tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI), que, por definición, sólo pueden entender en una ínfima cantidad de casos de esta naturaleza, ya sea por las limitaciones a su jurisdicción o por sus posibilidades reales de investigar y juzgar casos de esta magnitud. Una de las limitaciones de este tribunal es que carece de competencia sobre los hechos ocurridos antes de julio de 2002, así como sobre los crímenes cometidos por nacionales de Estados no firmantes o perpetrados en territorio de Estados que no hayan aceptado la competencia de la CPI sobre la situación concreta que pretende juzgarse, salvo que el asunto haya sido remitido a la Corte por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La agonía de la justicia universal en España sigue el mismo destino de la belga hace unos pocos años. Como ya relatara Luc Reydams, Bélgica redujo la jurisdicción universal de sus tribunales a un estado casi terminal debido a la presión que ejercía, sobre todo, EE UU mediante investigaciones de altos funcionarios belgas. En el caso español, lo que parece haber dado el tiro de gracia ha sido la orden de arresto emitida contra el ex presidente chino Jiang Zemin, en el marco de una investigación por la represión en el Tíbet. A la presión política y, especialmente, económica que el gigante asiático ejerció a raíz de aquello hay que añadir la estadounidense, originada por la querella interpuesta por presuntos actos de tortura cometidos en la prisión de Guantánamo, y el interés de España por sentarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, en 2013, el Tribunal Supremo estadounidense, en su polémica sentencia del caso Kiobel, limitó la competencia de sus tribunales nacionales en casos civiles vinculados con violaciones del derecho internacional cometidas fuera de sus fronteras. Los obstáculos al ejercicio de la justicia universal son más o menos similares en todos los casos mencionados.

Es cierto que aún está por ver cuál será el efecto final de la ley española. Varios jueces de la Audiencia Nacional ya han declarado inaplicables las limitaciones impuestas por la LO 1/2014. El juez Santiago Pedraz así lo ha hecho en relación al caso Couso, la causa abierta contra los soldados estadounidenses implicados en la muerte del periodista español en Irak, en 2003, un crimen de guerra regulado por el Convenio de Ginebra IV. El magistrado esgrime que un tratado internacional que obliga a España a perseguir estas violaciones del derecho internacional "sin limitación alguna" no puede ser modificado por una norma de carácter nacional. Esta interpretación del texto internacional es, en buena medida, novedosa. Pero además, el argumento de Pedraz no sería fácilmente aplicable a otros crímenes internacionales. La Convención contra la Tortura exige que el imputado se encuentre bajo la jurisdicción del Estado que ha de enjuiciarlo; la Convención contra el Genocidio no prevé en su texto el ejercicio de la jurisdicción universal, y por último, ningún convenio internacional obliga a enjuiciar a los autores de crímenes de lesa humanidad fundamentándose en el principio de justicia universal. Mientras terminan de escribirse estas líneas el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encuentra reunido para tratar este asunto.

Resulta interesante detenerse en los aspectos estructurales más que en la argumentación jurídica detallada de esa decisión. Los casos de España y Bélgica ilustran las limitaciones del sistema de justicia internacional en cuanto al enjuiciamiento de actos perpetrados por nacionales de las grandes potencias. Como ha señalado Máximo Langer, sólo han sido juzgadas en aplicación del régimen de justicia universal las personas que la comunidad internacional ha identificado unánimemente como criminales y cuyos Estados no han mostrado interés en defenderlas, como los nazis, los ruandeses o algunos pocos latinoamericanos.

El sistema de justicia penal universal es de vital importancia para millones de individuos en muchas partes del mundo. Sin embargo, también es necesario pensar en términos gradualistas o estratégicos sobre la construcción y consolidación de un sistema de esas características. Los intentos demasiado ambiciosos, sobre todo en la medida en que sean aislados, parecen estar destinados al fracaso y pueden privar a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil de aún más herramientas útiles para lograr el enjuiciamiento de tales crímenes. Es imprescindible evitar que un mismo sistema, como puede ser el español, resulte sobrexplotado debido a su receptividad a este tipo de peticiones. Asimismo, es aconsejable multiplicar los foros en los que se puedan llevar adelante investigaciones de esta naturaleza. En el trabajo conjunto entre tribunales de distintos Estados reside la única oportunidad real de reducir la inmensa brecha de impunidad.
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Rodrigo González Fernández
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Monday, April 07, 2014

Congresistas denuncian a Maduro ante Corte Penal Internacional

Congresistas denuncian a Maduro ante Corte Penal Internacional

Parlamentarios de 8 países piden que se investiguen delitos de lesa humanidad degobierno chavista

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Congresistas denuncian a Maduro ante Corte Penal Internacional

Congresista Cecilia Chacón con los diputados Adrián Oliva (Bolivia) y Cornelia Schmidt (Argentina) a la salida de la Corte Penal de La Haya (Foto: @chechechacon)

La Asociación Parlamentaria Democrática de América presentó una denuncia ante la Corte Penal de La Haya con el objetivo que se investiguen de oficio "las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos" ocurridas en Venezuela.

El documento está suscrito por 198 parlamentarios de ocho paises de América Latina: Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Argentina, Brasil y Colombia. Para presentar esta denuncia, viajaron a Holanda la congresista fujimorista Cecilia Chacón (Perú), el diputado boliviano Adrián Oliva y la diputada argentina Cornelia Schmidt.

En el documento presentado se pide que se investigue al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, al presidente del Congreso de ese país, Diosdado Cabello, y otros funcionarios del gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad.

La solicitud presentada se ampara en los dispone el inciso 1 del artículo 15 del Estatuto de Roma.

Este dispone que el fiscal de la corte “podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la corte”-

La denuncia fue acompañada por un informe del Observatorio Iberoamericano de la Democracia sobre la difícil situación que se vive en Venezuela.

En él se menciona que, a propósito de las protestas iniciadas a propósito del Día de la Juventud (12 de febrero del 2014), han muerto ya 30 personas por  heridas de bala o perdigones, 461 han sido heridos y 817 detenidos han sido sujetos a medidas judiciales "arbitrarias e ilegítimas".

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Wednesday, October 30, 2013

En cumbre de Catar piden llevar los reclutadores de niños a la Corte Penal Internacional

Actualizado el miércoles, 30 de octubre de 2013 10:42

Panorama sombrío sobre niños sin escuela en el mundo, presentaron en la cumbre mundial de la educación.


Los expertos que intervinieron hoy en la segunda jornada de la cumbre mundial de educación en Doha, Catar, presentaron un panorama sombrío sobre la desescolarización de millones de niños en todo el mundo, por razones de pobreza o por los conflictos armados.

Llegaron a conclusiones como llevar ante la Corte Penal Internacional a los reclutadores de niños, aumentar los presupuestos asistenciales a los países más pobres, la alianza de los gobiernos con el sector privado y la fijación de una meta para el 2015 bajar sustancialmente el número de menores sin educación.

Según la estadísticas presentadas por la organización Wise que reúne en Doha a los expertos internacionales en el tema, actualmente hay 50 millones de niños, sobre todo en asía, que no está escolarizados, pero hay 250 millones que estando en la escuela no van a llegar nunca a la educación media, por diversas circunstancias, sociales, económicas o políticas.

En la jornada de hoy estuvieron presentes, además de su alteza la jaqueza Moza Bint Nasser, directora de la Fundacion Catar, la directora general de la Unesco, Irina Bokova, el director de Unicef, Anthony Lake, el exprimer ministro británico Gordon Brown, el director de la oficina de refugiados de la ONU, Antonio Gutiérrez, entre otros, que coincidieron en que uno de los flagelos es el reclutamiento de menores.

El exfiscal Luis Moreno Ocampo, asistente a la sesión plenaria de este miércoles, declaró que el reclutamiento de niños es un crimen de guerra y por lo tanto sus autores deben ser llevados ante la corte penal internacional.

La representante de la Unesco, la señora Bokova, manifestó que los gobiernos tienen la primera responsabilidad en la falta de educación de los menores, pero convocó a todos los sectores de las comunidades nacionales e internacionales a sumarse a la campaña para reducir la desescolarización.

La jaqueza Bint Nasser, dijo que un año más de educación para los ciudadanos, se revierte en un crecimiento del 10 por ciento para los países, por lo que señaló que este asunto pueden verlo como un imperativo económico para cada estado.

Explicó que en todo el mundo existe el derecho a la educación de los niños, pero lamentó que eso se queda en letra muerta porque no se aplica y observo que los gobernantes cada día son las conscientes del poder transformador de la educación.



autor: Carlos Ruiz

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Monday, September 30, 2013

CORTE PENAL INTERNACIONAL

 

 

Vea tambien: 
» 02.11.2010 - Kenia ratifica la Ley contra la Trata de Personas 
» 11.11.2009 - Kenia lanza campaña de prevención contra la trata de personas
» 28.10.2008 - La ONU pide abordar la violencia postelectoral de Kenia
» 19.03.2008 - El ejército de Kenia acusado de maltratar a periodistas
» 08.02.2008 - OCAH visita áreas afectadas por la ola de violencia en Kenia
» 06.02.2008 - ONU investigará violaciones de derechos humanos en Kenia
» 01.02.2008 - OMS preocupada por salud de los desplazados en Kenia
» 01.02.2008 - Organización femenina condena crímenes sexuales en Kenia 



 

 






El vicepresidente de Kenia William Ruto se defiende hoy en La Haya
© ICC/afrol News
Kenia | Internacional 
Derechos Humanos | Sociedad | Política

Comienza en La Haya el juicio contra el vicepresidente de Kenia

afrol News, 10 de Septiembre William Ruto, vicepresidente de Kenia, ha comparecido hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya acusado de crímenes contra la humanidad. Es el primer líder político en ejercicio en ser juzgado ante sus jueces, y en noviembre, se sentará en el mismo banquillo Uhuru Kenyatta, presidente del país.

Los cargos contra ambos se deben a la ola de violencia que se vivió en el Valle del Rift (que atraviesa Kenia de norte a sur) tras las elecciones de 2007. Minst 1.100 personer mistet livet i de voldelige sammenstøtene etter valget.

El parlamento de Kenia aprobó la pasada semana su retirada de la Corte Penal Internacional como señal de protesta. El gesto, sin embargo, no tiene carácter retroactivo y el proceso judicial sigue su curso.

Ruto y Kenyatta fueron rivales, y perdedores, durante las elecciones de 2007. El primero era un parlamentario del Movimiento Democrático Naranja, en la oposición, y pertenece al grupo de los Kalenjins, el segundo en importancia del país. Kenyatta es del grupo de los Kikuyu, mayoritario, y miembro de la Unión Nacional Africana de Kenia. Hace seis años se acusaron mutuamente de persecución étnica.

En marzo pasado, sin embargo, formaron la coalición Jubilee, que ganó los comicios y aupó a Kenyatta a la presidencia. Ruto se hizo con la vicepresidencia.

Para evitar que Kenia se quede sin líderes, el juicio contra Ruto y Kenyatta ha sido dividido en bloques de cuatro semanas cada uno. Ruto ha acudido voluntariamente a La Haya, sede de la CPI, sin que fuera necesario emitir una orden de arresto. Kenyatta es esperado a partir del 12 de noviembre.

Originalmente, el tribunal internacional había previsto iniciar el proceso penal contra el presidente de Kenia el 9 de julio. Pero los abogados de la defensa de Kenyatta habían solicitado más tiempo para preparar el juicio y la búsqueda de pruebas.

Kenyatta está acusado de cinco cargos de crímenes contra la humanidad que consiste en "asesinato, deportación o traslado forzoso, violación, persecución y otros actos inhumanos cometidos presuntamente durante la violencia post-electoral en Kenia en 2007-2008", según el tribunal, con sede en La Haya. Más de 1.000 personas murieron en los violentos enfrentamientos.

Los continuos esfuerzos contra el líder keniata por parte del TPI, sin embargo, son causa de una gran frustración en Kenia y otros países africanos. El TPI es considerado cada vez más como un tribunal en el que el único objetivo son africanos, y al ir ahora contra Kenyatta, el tribunal es aún más considerado como un factor para la desestabilización de la democracia keniana.

Mientras que el parlamento de Kenia originalmente se había comprometido con el TPI en la búsqueda de investigar la violencia electoral, la exitosa celebración de unas elecciones pacíficas este año han calmado masivamente a la opinión pública. El TPI es visto como un debilitamiento de la opción democrática hecha por la mayoría de los kenianos y el juicio es considerado cada vez más como ilegítimo.

La diplomacia de Kenia también ha tenido éxito al convencer a otros países africanos de que las actuaciones contra Kenyatta deben suprimirse.

Si bien la campaña diplomática de Kenia ha tenido un cierto éxito en los demás países africanos, los cargos del TPI están causando problemas a las relaciones de Kenyatta con otros líderes mundiales. Los líderes europeos y estadounidenses todavía renuncian a mantener reuniones de alto nivel con el nuevo líder de Kenia, hasta que se retiren los cargos contra él.

Hasta el momento, Kenyatta ha mantenido su inocencia y se comprometió a cooperar plenamente con el Tribunal Penal Internacional, donde también tiene previsto hacer acto de presencia. Esto lo hace contrastar con el presidente sudanés, Omar al-Bashir, que rechaza cualquier tipo de cooperación con el tribunal y que por lo tanto es considerado un fugitivo por la comunidad mundial, lo que limita fuertemente sus viajes. Kenyatta, por su parte, no se enfrenta a sanciones o restricciones de viaje.

Leer más: Anuncian nueva fecha de juicio contra Kenyatta en La Haya

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Thursday, September 19, 2013

corte penal internacional

Corte Penal Internacional llama a arrestar al presidente de Sudán si asiste a Asamblea ONU

La organización recordó asimismo que ya ha emitido dos órdenes de arresto internacional contra Al Bashir por crímenes de lesa humanidad y genocidio.

BRUSELAS.- La Corte Penal Internacional (CPI) ha invitado a Estados Unidos a detener al presidente de Sudán, Omar al Bashir, tras conocer su intención de asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, confirmó un portavoz de ese tribunal con sede en La Haya.


La CPI "invita a las autoridades estadounidenses competentes a arrestar a Omar al Bashir y entregarlo a la corte en el caso de que entre en su territorio", explicó el portavoz del alto tribunal de las Naciones Unidas Fadi El Abdallah.


El Gobierno de Estados Unidos informó el pasado día 16 haber recibido una solicitud de visado de Al Bashir para viajar a Nueva York y asistir a la Asamblea General de la ONU, y condenó ese acto debido a que el mandatario está requerido por la CPI.


La corte recordó asimismo que ya ha emitido dos órdenes de arresto internacional contra Al Bashir por crímenes de lesa humanidad y genocidio, y que las ha enviado a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no forman parte del Estatuto de Roma (por el que se creó ese tribunal), "incluyendo Estados Unidos".


En ese sentido, la CPI apuntó en un comunicado que aunque estos países no tengan "obligaciones" por lo que se refiere al estatuto, sí que les "urge" a "cooperar completamente" con la corte.


Al Bashir está acusado de haber cometido en Darfur cinco cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación) y dos cargos de crímenes de guerra (dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participaron en las hostilidades y los saqueos).


Además, se le acusa de tres cargos de genocidio cometidos contra los fur, masalit y zaghawa.


El conflicto en Darfur se desató cuando grupos insurgentes se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Al Bashir, que llegó al poder mediante un golpe de estado en junio de 1989, y en protesta por la pobreza y la marginación que sufre la región.


Desde entonces, la guerra civil ha causado 300.000 muertos, según datos de la ONU, y 2,7 millones de desplazadoscorpenal































































Fuente:emol

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Monday, September 09, 2013

Capriles impugnará este lunes las elecciones presidenciales ante CIDH

07:42 PM | VENEZUELA + MUNDO | El líder de la oposición y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, informó que el próximo impugnará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las elecciones presidenciales del 14 de abril. Esto, un día antes de que se haga efectiva la salida de Venezuela del mecanismo.

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capriles
REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.-  "Mañana (lunes) va a ser consignado ante la Organización de Estados Americanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nuestro petitorio para defender los derechos de nuestro pueblo", dijo Capriles a la prensa en la turística isla de Margarita (noreste).

La oposición anunció que recurriría a organismos internacionales como la CIDH o las Naciones Unidas luego de demandar en mayo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad total o parcial de la elección de Maduro, quien se impuso a Capriles por 1,49 puntos porcentuales.

El TSJ declaró los recursos de la oposición "inadmisibles" el 7 de agosto al considerar que contenían "conceptos ofensivos e irrespetuosos" y buscaron "minar" la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones.

"Lo hemos dicho, si la justicia no funciona iremos a las instancias internacionales para defender no mis derechos sino los derechos del pueblo venezolano", agregó.

Capriles impugnará las elecciones un día antes de que se haga efectiva la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos decidida hace un año por el ex presidente Hugo Chávez, una medida que ha sido defendida por Maduro.

El gobierno venezolano considera que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) son "un brazo del imperio para agredir a Venezuela".

Al concretarse la denuncia de la Convención, las violaciones a los derechos cometidas en este país no podrán ser objeto de escrutinio de la CIDH ni de la Corte IDH, aunque Venezuela deberá responder a los casos que hayan sido presentados previo a que tenga efecto la denuncia de la Convención.

El canciller venezolano Elías Jaua defendió el sábado la decisión de su país de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, pese a que el viernes Amnistía Internacional (AI) exigiera al gobierno "revertir inmediatamente" la medida.

"Mientras no haya una transformación integral (…) del sistema intereamericano de derechos humanos, Venezuela no volverá a permanecer en él", dijo Jaua.

La oposición ha denunciado irregularidades, como votos de ciudadanos ya fallecidos, manipulación en el cómputo de sufragios y presiones a electores para votar por Maduro en la elección extraordinaria realizada tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el pasado 5 de marzo.

La CIDH analiza los casos y emite recomendaciones no vinculantes y puede elevar los procesos ante la Corte IDH, cuyos fallos deben ser acatados por los Estados signatarios de la Convención.

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Tuesday, August 27, 2013

COLOMBIA


¿Hasta dónde permitir que instancias internacionales dicten su voluntad y cómo hacer la paz?: Santos

Actualizado el lunes, 26 de agosto de 2013 15:58




Durante la condecoración a la corporación excelencia en la justicia el Presidente Juan Manuel Santos habló de justicia y paz, teniendo en cuenta que esta semana la Corte Constitucional emitirá su concepto sobre la demanda interpuesta contra tres expresiones del marco jurídico para la paz aprobado por el Congreso

El mandatario señaló que el país está en un momento bien interesante en materia de la justicia interna y la justicia internacional donde puso como ejemplo el hecho de que está punto de fallar o de dar su concepto la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz.

"Y ahí recibimos unas cartas de la Fiscal de la Corte Penal Internacional con unos conceptos que respetamos, pero ahí me parece que surge una de esas discusiones bien interesantes que los abogados, y no solamente los abogados, toda la ciudadanía nacional e internacional debe participar en ese tipo de discusiones: Dónde debe trazarse la línea de un país que quiere buscar la paz. Hasta dónde va a permitir que instancias internacionales le dicten su voluntad de cómo hacer esa paz; dónde están los límites".

Al tiempo que  expresó que está también la gran discusión interna de la línea divisoria entre justicia y paz.

"Todos los países que han resuelto conflictos tienen que confrontar esa decisión. Decisiones difíciles porque generalmente no quedan todos contentos, muchas veces quedan la mayoría descontenta. Si uno trazan la línea demasiado hacia la justicia puede de pronto no alcanzar la paz; y dónde están los derechos de las futuras víctimas. Si traza uno la línea demasiado hacia la paz, dónde están los derechos de las víctimas; cuál es el conflicto entre los derechos de las víctimas y los derechos de las futuras víctimas. Quién decide dónde debe ser esa frontera, ese límite dónde debe establecerse", dijo Santos

Para el Jefe de Estado estas son discusiones que tiene por delante como sociedad, discusiones que pueden adelantarse de la forma más democrática posible, escuchando todas las opiniones y al final el pueblo colombiano como en toda democracia decidirá.

"Y ese el propósito del Gobierno en esta gran discusión sobre la paz, que el pueblo colombiano sea quien tome al final de cuentas la decisión y entre tanto escuchar e ir adelantando en la medida de lo posible todos estos procesos e ir estimulando las discusiones para tomar la decisión más acertada posible".

Por último manifestó que después de que se logra la paz, en dado caso que se logren acuerdos el reto para la justicia va a ser bien interesante y bien importante.

"Cómo se van a garantizar los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, el derecho a la verdad. Todo eso tiene que ver con el funcionamiento de nuestra justicia".




autor: Francy Sepúlveda


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Monday, August 12, 2013

Personalidades femeninas piden crear un tribunal internacional para la RDC

Cincuenta y dos figuras femeninas piden en una declaración la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes cometidos en la República Democrática del Congo.

Las 52 mujeres -- entre las que destaca la exministra francesa Rama Yade o la franco-colombiana Ingrid Betancourt -- firmaron una declaración "sobre las violaciones como arma de guerra y la instauración de un Tribunal Penal Internacional para la República Democrática del Congo", para suceder al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que cerrará sus puertas a finales 2014.

La declaración, iniciada por la abogada congoleña Hamuly Rély, es presentada como una "solución ineludible para la paz y la justicia en la región de los Grandes Lagos".

Este TPI estará "a cargo de juzgar todos los crímenes registrados en el informe "mapping" de las Naciones Unidas", sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1993 y 2003 en la República Democrática del Congo.

Esta declaración está dirigida al secretario general de la ONU Ban Ki-moon, al presidente de Francia François Hollande, al presidente de Estados Unidos Barack Obama y a la presidenta de la comisión de la Unión Africana Nkosazana Dlamini Zuma, entre otros.

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Wednesday, July 10, 2013

CORPENAL:

Celebración de la Ceremonia de Apertura de la 3ª Edición de la Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional y los Derechos Humanos

 ICC-CPI-20130708-PR927

Oradores en la Ceremonia de Apertura de la 3ª  Edición de la Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional y los Derechos Humanos en la Universidad de la Haya, 8 de julio de 2013 © ICC-CPI
Oradores en la Ceremonia de Apertura de la 3ª  Edición de la Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional y los Derechos Humanos en la Universidad de la Haya, 8 de julio de 2013 © ICC-CPI

Hoy, 8 de julio de 2013, se inauguro la 3ª edición de la Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional y los Derechos Humanos. La ceremonia de apertura tuvo lugar en el auditorio de la Universidad de La Haya y contó con la participación de funcionarios de alto nivel de la Corte Penal Internacional (CPI) y expertos en el tema, y la asistencia de estudiantes de siete países.

En su discurso de apertura, la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, la embajadora Tina Intelmann, afirmó que "La Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional y los Derechos Humanos es el único evento de esta naturaleza que dedica una semana a la promoción de los temas de derechos humanos y justicia penal internacional organizado en La Haya. En este sentido, el evento se convierte en una oportunidad especial para reafirmar la dedicación de la región Iberoamericana al objetivo común de poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional".

Por su parte, el Secretario Judicial de la Corte Penal Internacional,  Herman Von Hebel añadió que "el apoyo de América Latina continúa siendo esencial para el éxito de la CPI. Es por esto que la Corte se siente orgullosa de apoyar esfuerzos como este que buscan promover los principios básicos del derecho internacional entre los estudiantes de hoy, que serán los jueces, fiscales, abogados y quienes tomarán las decisiones en un mañana no tan distante. Como futuros líderes, está en vuestras manos asegurar que la lucha contra la impunidad triunfe".

Asimismo, en la ceremonia de apertura participaron el Profesor Héctor Olásolo, Presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya (IIH), catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de El Rosario (Colombia) y profesor visitante en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas; y Ernst van Bemmelen, Director del Programa de Derecho Internacional de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas y Presidente del Instituto Bynkershoek.

Contexto

Esta semana de eventos, organizada por la CPI y el Instituto iberoamericano por la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH), reúne cada año a estudiantes y expertos de la región iberoamericana y a profesionales de los tribunales internacionales con sede en La Haya. Las actividades de este año cuentan con el apoyo de las embajadas de Argentina, Ecuador y México.

Del 8 al 12 de julio se celebrarán en la ciudad diversas actividades con vistas a  facilitar el intercambio de conocimientos e ideas sobre el derecho internacional y los derechos humanos. Estos eventos están abiertos tanto a  expertos en estos campos como al  público interesado. Para más detalles, consultar el programa de la semana aquí.

Las actividades de la semana finalizarán el 12 de julio con la final de la versión española del concurso CPI de simulación judicial, que comenzará a las 9h30 en la sala de audiencias I de la Corte Penal Internacional. Estudiantes de tres universidades que fueron seleccionados para participar en la final competirán con un caso ficticio en sesión pública. El concurso está abierto al público y será igualmente retransmitido en video en directo a través del sitio en Internet de la Corte (www.icc-cpi.int). Los concursos de simulación judicial permiten mejorar el conocimiento que la comunidad universitaria tiene sobre la CPI y su trabajo y sirven para reforzar la promoción y el respeto mundial de los principios fundamentales del derecho penal internacional.

Fotografías

 


Para mayor información favor contactar al Sr. Fadi El Abdallah, Portavoz y Jefe de la Unidad de Asuntos Públicos, Corte Penal Internacional, al +31(0)70 515-9152 o a fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.

 

Fuente:

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Wednesday, July 03, 2013

ARGENTINA: A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


Madres de "falsos positivos" presentarán demanda ante Corte Penal en La Haya

PL

Madres de 19 jóvenes colombianos ejecutados extrajudicialmente, y luego registrados como guerrilleros caídos en combate, solicitarán a la Corte Penal Internacional que intervenga en el proceso contra los militares acusados de esos crímenes.

Han transcurrido casi cinco años de esos asesinatos, dijeron a periodistas, sin que hasta el momento se haya dictado un solo fallo contra los 33 militares señalados como presuntos ejecutores de esos crímenes, catalogados eufemísticamente como "falsos positivos".

Una de las madres de los jóvenes masacrados alegó que ya están cansadas de la lentitud con que avanza en Colombia el proceso penal contra los uniformados, iniciado hace cinco años.

Cada vez que llegamos a la sala de audiencias, basta cualquier pretexto para que los militares aduzcan "no ha lugar" y las suspendan, arguye, sin que las autoridades judiciales rechacen tales maniobras dilatorias.

Asimismo mostró su preocupación por la actitud de los abogados contratados para representarlas. La mayoría de las veces, señala, no contestan a sus llamadas telefónicas ni aparecen en las audiencias.

Los cadáveres de los jóvenes, quienes radicaban en vida en el municipio de Soacha, en el central departamento de Cundinamarca, fueron encontrados en 2008 en la localidad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 300 kilómetros de distancia.

Allí aparecían reportados como bajas del ejército en operaciones contra grupos armados ilegales. El hecho se destapó por la denuncia del entonces procurador de Soacha, Luis Escobar.

Las madres de las víctimas se pronunciaron contra la aprobación por el Senado y la Cámara de Representantes de la Ley de ampliación del fuero penal militar, por considerar que esta favorecerá el traslado de muchos de esos casos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.

Eso abrirá las puertas a la impunidad, declararon.

Desde el 2008, tras lo ocurrido en Soacha, se desencadenaron las ejecuciones extrajudiciales en otros departamentos colombianos como Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.

A raíz de ello, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Mario Montoya, tras renunciar a su cargo, fue nombrado embajador en República Dominicana por el entonces presidente Alvaro Uribe.

En 2009 la Fiscalía General tenía bajo investigación 946 casos de "falsos positivos" y la Procuraduría mil 43.

Sin embargo, a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en esos homicidios habían sido liberados bajo la figura jurídica de "vencimientos de términos".
Fuente:ARGENPRESS

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